El legislador federal Noel Chávez participó en un foro convocado por el Instituto Nacional Electoral, en coordinación con la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales, donde se analizaron los avances, retos y desafíos que persisten en materia de participación política de las personas, pueblos y comunidades indígenas.
Durante el encuentro, el diputado federal compartió espacio de diálogo con senadores, magistrados, consejeras y consejeros electorales, así como especialistas en materia de derechos de los pueblos indígenas, quienes abordaron la importancia de fortalecer los mecanismos que garanticen una participación política efectiva, incluyente y en condiciones de igualdad.
Noel Chávez destacó que en los últimos años se han registrado avances importantes en el reconocimiento y protección de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, señaló que todavía existe una deuda histórica que debe ser atendida mediante acciones concretas que permitan que los derechos reconocidos en la legislación se traduzcan en mejores condiciones de vida para las comunidades.
“No basta con legislar; necesitamos que los derechos reconocidos se acompañen de presupuesto y de políticas públicas que realmente lleguen a las comunidades”, sostuvo el legislador.
El legislador adelantó que, durante el próximo periodo de sesiones, se dará especial atención al análisis y trabajo legislativo relacionado con la Ley General de los Pueblos y Comunidades Indígenas, proyecto que, afirmó, representa una oportunidad histórica para fortalecer el marco jurídico y establecer mayores garantías para las comunidades indígenas del país.
Chávez subrayó que la construcción de esta legislación deberá realizarse escuchando directamente a los pueblos y comunidades indígenas, con el objetivo de incorporar sus necesidades, propuestas y demandas, y avanzar hacia un marco legal que contribuya a reducir la brecha de desigualdad y a saldar parte de la deuda histórica que existe con este sector de la población.
Finalmente, reiteró su disposición para continuar impulsando desde el Congreso de la Unión una agenda legislativa que contribuya al reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas y que permita traducir los avances legislativos en acciones y resultados concretos para sus comunidades.
