Este viernes, durante la audiencia inicial, dictaron prisión preventiva oficiosa al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por los delitos de desaparición forzada y contra la administración de justicia.
La defensa del exmandatario solicitó la duplicidad del término por lo que la audiencia de vinculación a proceso quedó programada para el próximo martes 12 de agosto a las 10:00 de mañana.
El acusado permanecerá en el penal federal de máxima seguridad “El Altiplano”, luego de su detención este jueves en el Estado de México.
Tras la audiencia, la FGR aseguró que acreditaron con plena evidencia y apego al debido proceso, la posible participación del ex gobernador del estado de Guerrero, en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes.
La autoridad afirmó que cuenta con datos de prueba que acreditan que la instrucción para realizar dicho ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces mandatario de la entidad, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel.
“Estos y otros elementos contenidos en la investigación permiten sostener que lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal”, aseveró.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el exmandatario ordenó en una reunión de alto nivel eliminar toda la evidencia ligada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala la noche en que los estudiantes desaparecieron.
Este viernes, Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), detalló que la noche del 26 de septiembre de 2014 el autobús Estrella de Oro, número 1531, fue videograbado por las cámaras de seguridad 12 y 15 ubicadas al exterior del recinto del Poder Judicial local mientras los estudiantes eran detenidos por policías municipales y estatales.
Durante las primeras investigaciones, se afirmó que ese material no existía por fallas técnicas del sistema y en diligencias posteriores se acreditó que esa versión era falsa.
Tras casi 12 años de la desaparición de los normalistas, un colaborador testificó ante la FGR que las videograbaciones existían y fueron sustraídas para después ser entregadas a Ángel Aguirre.
Presuntamente, el exmandatario lo amenazó para que no revelara esa información, lo que hizo que tardara en declarar ante las autoridades.
Otro testigo protegido dijo en mayo de este año que el exgobernador sostuvo una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno en la que ordenó directamente “desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala”.
Un mes después de la desaparición de los estudiantes, en octubre de 2014, Ángel Aguirre pidió licencia para separarse del cargo ante la presión del caso en donde llegaron a exigir su renuncia.
Será el próximo martes cuando se determine su vinculación a proceso. Por el momento, permanecerá en el penal de “El Altiplano” a la espera del fallo.
